En un movimiento que marca un nuevo capítulo en la reconfiguración de la infraestructura vial argentina, el Gobierno nacional publicó la Resolución 1843/2025, que habilita formalmente el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la Etapa II del proyecto Red Federal de Concesiones (RFC).
La medida, impulsada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), instala en la agenda pública un proceso de magnitud: la concesión de más de 1.800 kilómetros de rutas estratégicas distribuidas entre Buenos Aires, La Pampa y los principales accesos viales del sur del país.
Aunque la resolución constituye un paso administrativo, su alcance trasciende lo técnico. Define procedimientos, plazos, modelos de contrato y condiciones para los futuros operadores privados bajo el régimen de obra pública, y enmarca la licitación dentro del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., autorizado meses atrás.
Para la logística, el transporte de cargas y la conectividad territorial, el llamado concentra la atención porque involucra corredores con alto tránsito pesado y rol clave en la vinculación productiva hacia puertos, centros urbanos y nodos agroindustriales.
Una licitación que abarca tres regiones viales críticas
La Etapa II del RFC agrupa 1.872 kilómetros divididos en dos grandes bloques operativos. El primero, denominado “Sur – Atlántico – Acceso Sur”, suma 1.325 kilómetros e integra tramos de la Ruta Nacional 3, la Ruta 205, los accesos Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas, además de la Ruta 226, eje transversal que conecta ciudades como Mar del Plata, Tandil, Balcarce, Azul y Olavarría. El segundo bloque, identificado como “Pampa”, abarca 546 kilómetros de la Ruta Nacional 5 desde Luján hasta Santa Rosa, un corredor clave para el tránsito agrícola, industrial y de larga distancia.
Los pliegos incluyen aspectos técnicos y parámetros de explotación que cubren operación, mantenimiento, ampliaciones de traza, servicios al usuario, estaciones de peaje y obligaciones ambientales. La DNV confirmó que los documentos ya se encuentran disponibles y que la recepción de ofertas será digital, a través de la plataforma CONTRAT.AR.
Uno de los elementos centrales del esquema es la eliminación de subsidios al operador: todo el financiamiento para mantenimiento y obras deberá provenir de la recaudación y las inversiones del concesionario. El Estado, por su parte, retiene funciones de supervisión y control a través de la DNV, que deberá monitorear el cumplimiento de estándares y plazos establecidos en los contratos.
Para los actores del transporte y la producción, esta modalidad abre interrogantes y expectativas. La experiencia reciente en varios corredores muestra déficits de mantenimiento, problemas de señalización y tramos con deterioro acumulado. La licitación, en ese sentido, se interpreta como una oportunidad para recuperar niveles de servicio y acompañar el crecimiento del tránsito comercial, especialmente en rutas con alta concentración de camiones.
Tiempos, definiciones y desafíos hacia adelante
El cronograma oficial fija el 21 de enero de 2026 como fecha límite para realizar consultas a los pliegos y el 6 de febrerocomo punto de cierre para la presentación de ofertas y apertura de sobres.
Con plazos acotados y una estructura licitatoria compleja, la calidad de las propuestas y la competencia entre oferentes serán determinantes para garantizar inversiones sostenibles y una operación eficiente.
La envergadura del llamado —y la diversidad de tramos involucrados— obliga también a reforzar capacidades de supervisión estatal, un aspecto clave para evitar desfasajes entre los compromisos contractuales y el estado real de las rutas. Al mismo tiempo, el esquema plantea la necesidad de equilibrar inversiones, tarifas de peaje y estándares de servicio en corredores con niveles de tránsito muy distintos.
La Etapa II de la Red Federal de Concesiones no solo reviste importancia por los kilómetros involucrados, sino por el tipo de corredores que abarca: tramos productivos, accesos metropolitanos, rutas turísticas, conexiones interprovinciales y segmentos vitales para la economía agroexportadora. Su evolución marcará un precedente para las etapas siguientes del programa y para el modo en que Argentina piensa su infraestructura vial en el largo plazo.