El proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal continúa su curso tras el rechazo judicial a una medida cautelar que buscaba suspender la audiencia convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. La decisión refleja la tensión entre el desarrollo logístico y las demandas ambientales en torno al principal corredor fluvial del país.
Redacción GlobalPorts
El futuro de la Hidrovía Paraná–Paraguay volvió al centro de la escena judicial y política. A pocos días de la audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12 resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión presentado por organizaciones ambientalistas, que reclamaban la paralización del proceso por presuntas irregularidades en la convocatoria y la ausencia de un estudio de impacto ambiental previo.
Con este fallo, la Justicia habilitó la continuidad del proceso licitatorio y ratificó la realización de la audiencia prevista para el 3 de noviembre, en la que el organismo presentará el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental elaborado como parte del proyecto de concesión de la Vía Navegable Troncal.
Una audiencia en el centro del debate
La audiencia pública es uno de los pasos clave del nuevo esquema de gestión de la Hidrovía. Desde el Gobierno nacional se plantea como un espacio de transparencia y diálogo técnico sobre los planes ambientales que acompañan la licitación. Según la ANPyN, el proceso busca equilibrar la competitividad del comercio exterior —más del 80 % de las exportaciones argentinas salen por este sistema fluvial— con la obligación de asegurar prácticas sostenibles y mecanismos de control ambiental permanentes.
Del otro lado, las organizaciones ambientalistas sostienen que el documento que se presentará no cumple con los estándares de la Ley General del Ambiente ni con el Acuerdo de Escazú, ya que no se trata de un estudio previo al inicio de las obras sino de una evaluación posterior. También cuestionan que la convocatoria no habría cumplido con los requisitos de difusión establecidos para las audiencias públicas y que, por lo tanto, limitaría la participación ciudadana efectiva.
El fallo y su lectura institucional
El tribunal consideró que no existían los elementos suficientes para justificar una medida de suspensión de la audiencia, una decisión que —según el juzgado— podría afectar la continuidad de un proceso de interés público. La resolución, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión ambiental, permite que la audiencia se realice en los plazos previstos y que la licitación de la vía navegable siga su curso.
Desde el punto de vista institucional, la decisión judicial despeja momentáneamente un obstáculo para la ANPyN, pero no resuelve el debate de fondo: la validez de los procedimientos ambientales y el nivel de participación ciudadana en proyectos de gran escala. Los demandantes, por su parte, mantienen abierta la posibilidad de nuevas acciones judiciales o administrativas.
La Hidrovía Paraná–Paraguay constituye una de las infraestructuras más estratégicas del país y de la región. Su mantenimiento y dragado garantizan la salida de las principales exportaciones agroindustriales, pero también impactan sobre ecosistemas sensibles del delta y los humedales del litoral. Cada etapa de su gestión se convierte así en un punto de equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental.
Lo que está en juego
La audiencia del 3 de noviembre será, más que un trámite formal, una instancia para escuchar voces, contrastar diagnósticos y medir la solidez del proceso de participación que acompaña la licitación. Para la autoridad portuaria, representa la oportunidad de exponer los avances del plan ambiental y responder a las observaciones sociales y técnicas.
Para los actores portuarios y logísticos, el avance del proceso refuerza la expectativa de contar con una nueva concesión que dé previsibilidad a las operaciones. Y para los grupos ambientalistas, la cita será un escenario clave para visibilizar objeciones y exigir mayor rigurosidad en los estudios de impacto.
En última instancia, lo que se juega no es solo la concesión de una ruta fluvial, sino la capacidad del Estado y del sistema productivo de construir una gobernanza transparente, participativa y ambientalmente responsable sobre una infraestructura que define buena parte del perfil exportador argentino.