Por Diego Bercholc, GlobalPorts//
En un país que reclama competitividad, reducción de costos logísticos y desarrollo federal, un obstáculo jurídico-administrativo poco visible frena silenciosamente el crecimiento del transporte de carga nacional por vía fluvial y marítima. Se trata de la aplicación rígida del Código Aduanero a la carga que se mueve entre puertos argentinos, como si se tratara de una importación o exportación internacional.
La paradoja es tan evidente como frustrante: movilizar un contenedor desde una provincia argentina hacia otra, utilizando la infraestructura portuaria del país, puede ser más caro, más lento y más burocrático que enviarlo a China o traerlo desde Europa. El comercio interior, que debería impulsarse como motor del desarrollo regional, está siendo obstaculizado por barreras creadas por el propio Estado.
La trampa legal: un Código Aduanero que opera contra la Constitución
La normativa vigente –basada en la Ley 22.415 del Código Aduanero– exige que las cargas nacionales que transiten entre puertos argentinos cumplan con trámites equivalentes a los de la carga internacional. Esta exigencia, que incluye control físico, declaraciones juradas, precintos y horarios restringidos, se aplica sin distinguir entre comercio interno y externo, generando costos desproporcionados y pérdidas de tiempo.
Esto contradice abiertamente el espíritu del artículo 10 de la Constitución Nacional, que declara que todo el territorio argentino constituye una sola aduana, y prohíbe expresamente la existencia de aduanas interiores o trabas al libre comercio entre provincias.
Un dictamen emitido en 2020 por la Secretaría de Planeamiento del Transporte de la Nación ya reconocía que esta interpretación aduanera es incompatible con la Constitución. Sin embargo, hasta hoy, no se ha avanzado en la adecuación normativa que permita al comercio interior moverse libremente por el propio territorio argentino.
Cargas nacionales con trato de extranjeras
La situación es tan absurda como costosa. Como señala la Asociación Intermodal de América del Sur (AIMAS), una carga nacional consolidada en un contenedor no puede embarcarse de un puerto a otro sin ser tratada como si ingresara del extranjero. El resultado: un régimen que multiplica costos operativos y desincentiva el uso del transporte marítimo y fluvial, más barato y ambientalmente sustentable.
Mientras tanto, el transporte terrestre se mantiene como única opción viable, con fletes internos que pueden costar hasta siete veces más que un flete marítimo desde China. Así, la carga argentina viaja más barato desde Shanghái a Buenos Aires que desde Mendoza al mismo puerto.
Esta distorsión no solo encarece la producción, sino que debilita a las economías regionales, concentrando la actividad económica en la zona metropolitana y forzando a los productores del interior a asumir sobrecostos logísticos que restan competitividad y desalientan la inversión.
Una traba al desarrollo del cabotaje nacional
La aplicación del Código Aduanero argentino no solo afecta al comercio interior: también desincentiva el uso de la marina mercante nacional y debilita el desarrollo del cabotaje de bandera argentina.
En cualquier país con una política marítima inteligente, el cabotaje –el transporte de mercaderías entre puertos del mismo país– es una herramienta estratégica para fortalecer la industria naval, generar empleo, dinamizar puertos regionales y descongestionar rutas terrestres. En Argentina, sin embargo, los buques nacionales enfrentan exigencias aduaneras y costos que los vuelven poco competitivos frente a alternativas extranjeras o terrestres.
Esto impide consolidar una flota mercante propia y bloquea el desarrollo logístico por agua. Es una política que contradice su propio discurso: mientras se declara la intención de reactivar la marina mercante y bajar los costos logísticos, se mantiene un régimen que expulsa la carga del río y el mar hacia la ruta, y empuja a los operadores a buscar puertos en países vecinos.
Cambiar esta normativa es una condición necesaria para que el cabotaje de bandera nacional deje de ser una utopía.
Una barrera que se puede y se debe eliminar
El Comité Intermodal de Cabotaje (CIC), conformado por AIMAS, ADIBA y otros actores del sector, promueve una solución concreta y simple: reformar administrativamente los procesos aduaneros aplicables al comercio interior. La propuesta implica habilitar el tránsito de contenedores con mercadería nacional mediante una declaración electrónica, sin intervención física, como sucede en otros países del mundo.
Esta medida permitiría liberar los puertos argentinos del cuello de botella burocrático que impide su desarrollo como nodos logísticos del comercio nacional. Además, fomentaría la actividad de la marina mercante argentina, generaría empleo, bajaría los costos logísticos y reduciría la huella de carbono del transporte.
¿Por qué no se hace?
El cambio no requiere una nueva ley, ni una reforma constitucional. Basta con una resolución de la ARCA (exAFIP)-DGA que interprete el Código Aduanero en consonancia con la Constitución y con los intereses del país. La pregunta no es si se puede, sino por qué aún no se hace.
En un contexto donde todos los sectores productivos reclaman medidas para bajar los costos logísticos y fomentar el desarrollo federal, la eliminación de esta traba legal es una decisión urgente, viable y transformadora. Si no se actúa pronto, seguiremos pagando precios internacionales por mover carga nacional dentro de nuestro propio territorio… mientras los buques argentinos esperan en los muelles sin carga.