En los últimos días, se dio a conocer la Resolución 2/2025 del Interventor de la Administración General de Puertos (AGP), Gastón Alejo Benvenuto, mediante la cual se dispuso una serie de cambios en la estructura de conducción del organismo.
La medida incluye la salida de la Contadora Verónica Adriana Piñero, quien hasta ahora ocupaba el cargo de Gerenta General, y su reemplazo por el Dr. Juan Rubén Bernasconi. Además, se confirmó la desvinculación de José Carlos Mario Beni, hasta ahora en la Unidad de Gabinete de Asesores, y de Diego Salom, quien se desempeñaba en la Gerencia de Planificación Estratégica. Estas tres salidas marcan el alejamiento de funcionarios que habían sido designados en la gestión anterior.
El documento oficial establece el inicio del proceso de transición y disolución de la AGP, enmarcado en la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Este nuevo organismo, establecido por el Decreto 42/2025, se instalará como la única entidad encargada de la regulación y control de las actividades portuarias y de las vías navegables en Argentina, absorbiendo las funciones de la AGP y de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
En este contexto, se ha encomendado al Interventor Benvenuto que en un plazo inicial de 180 días, con posibilidad de una única prórroga, lleve adelante la disolución de la AGP. Durante este período, se deberá garantizar la continuidad administrativa en la gestión de bienes, recursos y contratos en curso hasta que la ANPYN esté completamente operativa.
Estos cambios se producen en un momento clave para el sector, ya que el próximo 12 de febrero está previsto que se abran las propuestas en el marco de la licitación de la Vía Navegable Troncal, un proceso de alto impacto para el comercio exterior del país. La reorganización dentro de la AGP y la consolidación de la ANPYN plantean interrogantes sobre la continuidad operativa y administrativa en un período de definiciones estratégicas para la logística fluvial y marítima de Argentina.
Desde distintos sectores del ámbito portuario y del comercio exterior se sigue con atención este proceso de transición, que marcará el futuro de la gestión de las infraestructuras y la navegación en el país. Si bien el objetivo declarado del Gobierno es mejorar la eficiencia y centralizar la regulación portuaria, queda por verse cómo impactará esta reestructuración en el sector y si se garantizará una transición ordenada sin afectar las operaciones portuarias y comerciales.