Mientras avanza la discusión técnica sobre la próxima licitación de la vía navegable troncal, vuelve al centro de la escena una controversia histórica: el modelo de cobro del peaje y su impacto en la competitividad de los distintos puertos del país.
Redacción GlobalPorts
Por estos días, una mesa técnica organizada por la Agencia Nacional de Puertos —con participación de autoridades, técnicos y actores privados— está abocada a diseñar los criterios que regirán el nuevo contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal. Entre los temas principales se destacan los estudios ambientales para una posible profundización del canal y, especialmente, el sistema de peaje.
Según informa Mariano Galíndez en una nota publicada en el medio Rosario3, existen dos posiciones bien diferenciadas: por un lado, un amplio grupo de terminales e instituciones portuarias del eje Santa Fe-Rosario-Zárate-Campana que apoya mantener el esquema actual de peaje por tramos o secciones; por el otro, las terminales TRP (Puerto de Buenos Aires) y Exolgan (Dock Sud), que insisten en reemplazarlo por un sistema proporcional al trayecto efectivamente recorrido por cada buque.
Dos visiones sobre un mismo canal
Los defensores del modelo vigente —31 de las 33 terminales que integran la Cámara de Puertos Privados Comerciales— sostienen que el esquema de tarifa plana ha sido un factor determinante en el desarrollo portuario del interior del país desde los años ’90. Afirman que este modelo ha incentivado inversiones en infraestructura, mejorado el acceso a los mercados y sostenido la competitividad de los productos argentinos en el comercio internacional.
Desde este enfoque, el cobro uniforme no representaría un subsidio cruzado, sino una forma solidaria y estratégica de sostener una red logística integrada, que beneficia al conjunto del sistema portuario y, por ende, a la economía nacional. Además, se argumenta que muchos de los costos del dragado también responden a las necesidades de navegación de los puertos de aguas abajo.
En contrapartida, las terminales porteñas entienden que el esquema actual penaliza a los buques que recorren menos kilómetros y consideran injusto pagar un peaje similar al de las embarcaciones que navegan todo el trayecto. Desde esta lógica, cada actor debería abonar en función del tramo efectivamente utilizado, siguiendo una lógica de “usuario–pagador” que se alinea con principios de eficiencia y proporcionalidad.
Una decisión de alto impacto
El dilema no es menor: el modelo de peaje incide directamente en los costos logísticos de exportación, en la elección de rutas y en las decisiones de inversión a largo plazo. También puede generar impactos ambientales diferenciados, dependiendo de qué tramos de la vía sean más utilizados o demanden mayor dragado.
Lo cierto es que no se trata de una puja entre “ganadores y perdedores”, sino de un debate estructural que pone en juego distintas visiones sobre cómo debe organizarse el sistema logístico argentino. En este sentido, cualquier decisión que se adopte tendrá efectos duraderos sobre la configuración territorial del comercio exterior, el equilibrio entre regiones portuarias y un desarrollo económico sostenible.
Un canal, múltiples intereses
Tal como señala Mariano Galíndez, el cambio de modelo propuesto por las terminales del área metropolitana aparece en clara minoría, pero cuenta con antecedentes de reclamos similares en otras etapas. No obstante, la firmeza con la que se mantienen sus planteos sugiere que seguirán insistiendo, incluso en instancias políticas superiores.
Por su parte, las terminales del interior advierten sobre la necesidad de preservar la seguridad jurídica y los marcos regulatorios que han permitido el crecimiento portuario fuera del área metropolitana. Su preocupación no es solo económica, sino también institucional: temen que una modificación del sistema de peajes pueda sentar un precedente que erosione la previsibilidad necesaria para futuras inversiones.
Un desafío para la política pública
En un contexto donde la logística, el comercio exterior y la infraestructura portuaria ocupan un lugar central en la agenda productiva del país, el debate sobre el sistema de peajes de la Hidrovía exige una mirada integradora. No se trata simplemente de elegir entre dos modelos opuestos, sino de construir soluciones que articulen equidad territorial, eficiencia operativa y sostenibilidad ambiental.
El desafío es encontrar un equilibrio que reconozca las particularidades de cada tramo de la vía navegable, respete los compromisos asumidos por el Estado en décadas anteriores y garantice un desarrollo armónico del sistema portuario nacional.
