El Senado chileno aprobó con amplia mayoría una reforma a la Ley de Fomento a la Marina Mercante y a la Ley de Navegación que introduce cambios clave en el régimen de cabotaje. La iniciativa fue respaldada por 23 votos a favor y solo 2 en contra, y se presenta como una apuesta por reducir los costos logísticos sin afectar el empleo nacional.
Redacción GlobalPorts
Hasta ahora, el cabotaje —el transporte de mercancías entre puertos del mismo país— estaba reservado exclusivamente a embarcaciones con bandera nacional. Esta restricción, vigente durante décadas, buscaba proteger el empleo marítimo local, pero también limitaba la competencia y mantenía altas las tarifas de fletes entre puertos.
La nueva normativa mantiene esa reserva como regla general, pero introduce un mecanismo de “waiver”, que permitirá autorizar la operación temporal de buques extranjeros en aquellas rutas que no sean atendidas por empresas locales.
Los que promovieron las modificaciones, argumentan que de este modo, cuando no exista oferta nacional para cubrir un servicio, se habilitará la participación de navieras extranjeras, con el objetivo de evitar cuellos de botella y presionar a la baja las tarifas.
Según proyecciones del Ministerio de Transportes, esta apertura regulada podría reducir los costos de fletes en un rango de entre 20% y 39%, generando ahorros anuales cercanos a los 267 millones de dólares para el sistema logístico.
Los legisladores destacaron que la reforma preserva el empleo marítimo nacional, ya que toda empresa que quiera operar bajo bandera local deberá contratar tripulación 100% nacional y cumplir íntegramente con las normas laborales y tributarias. Además, no se modificó el artículo 14 de la Ley de Navegación, que garantiza las condiciones laborales de los trabajadores de la marina mercante.
En paralelo, la reforma busca facilitar la creación de nuevas empresas navieras locales, reduciendo trabas administrativas y burocráticas que hasta ahora dificultaban el ingreso de nuevos actores al mercado.
La modificación fue presentada como una herramienta para impulsar la competitividad del sistema de transporte marítimo, considerado un eslabón crítico de la cadena logística. Se resaltó que la medida permitirá ampliar la oferta de servicios de cabotaje, bajar costos, generar empleo y mejorar la conectividad entre regiones, todo ello sin comprometer la seguridad nacional, aspecto sobre el que incluso la Armada descartó riesgos durante la tramitación legislativa.
Los impulsores de la iniciativa destacan que la nueva ley logra un equilibrio entre apertura regulada, protección del empleo y fomento a la actividad económica, y la consideran un paso clave para avanzar hacia un sistema de transporte más eficiente, integrado y multimodal.
