Por Lucía Bercholc, GlobalPorts//
En un país tan biodiverso y con tantas áreas naturales protegidas como Argentina, paradójicamente no hay una fuerte carga legal que ampare dichos aspectos. El derecho ambiental, y más aún el derecho animal, son considerados derechos de tercera y cuarta generación, por lo que, aunque sean campos con una trayectoria consolidada, al día de hoy podemos decir que sigue existiendo cierta insuficiencia legal en estos temas. En este contexto, la localidad de Puerto Madryn marca un hito al haber oficializado la creación de una agencia específica para tratar delitos ambientales y de maltrato animal.
Un hecho importante en la historia nacional a tener en cuenta es la incorporación de la ley 14.346, que establece penas ante casos de maltrato y crueldad contra animales. A su vez, existen leyes abocadas a la protección del medioambiente, como la 25.675 -Ley general del ambiente, que garantiza el cuidado y participación ciudadana en el control de impacto ambiental- o la ley 24.375, conocida como Convenio de Diversidad Biológica, que aboga por la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Sin embargo, la aplicación de dichos ejemplos en el plano legislativo representa un proceso lento y complejo, haciendo necesaria la creación de nuevos organismos encargados de promover la protección del ambiente mediante acciones concretas.
Más allá del plano nacional, ¿cómo es la situación en las provincias, teniendo en cuenta que cada una maneja su propia legislación? Ante esta pregunta, la localidad de Puerto Madryn se posiciona como innovadora al anunciar la creación de una agencia fiscal especializada en la investigación de casos de delitos ambientales y maltrato animal, proyecto que se acoplaría al funcionamiento de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales (UFE AyDA) con sede central en Rawson -liderada por la doctora Florencia Gómez-, lo que fortalecería la eficiencia y tratamiento integral de este tipo de delitos a nivel provincial, creando más agencias fiscales con personal capacitado a lo largo de Chubut.
El proyecto fue impulsado por el fiscal Alex Williams, en cumplimiento de la Resolución 244/24 PG, dictada por la Procuración General de la provincia, buscando fortalecer la organización y profundizar la investigación de casos relacionados a la protección ambiental y bienestar animal mediante la creación de agencias de Ambiente,
Contravenciones y Delitos contra los Animales en cada jurisdicción. La unidad con sede en Puerto Madryn quedará a cargo de las fiscales María Florencia Bianchi y Cecilia Pistara, garantizando respuestas eficientes y concretas a las denuncias que competen a la agencia.
A partir de esta iniciativa, es importante remarcar la necesidad de respuesta y acciones concretas frente a las denuncias por delitos medioambientales y de crueldad hacia animales en el país. En este sentido, las fiscalías y organismos especializados en este tipo de casos cumplen un rol fundamental al contribuir a la protección de la biodiversidad local y salud pública. Entendemos como delito ambiental el conjunto de conductas ilícitas que implican un impacto negativo sobre la biodiversidad y la población general, como pueden ser:
- Contaminación ambiental, como la descarga ilegal de sustancias tóxicas en recursos hídricos.
- Deforestación, especialmente la tala indiscriminada en áreas naturales protegidas.
- Tráfico de fauna silvestre, que implica la captura y comercio ilegal de especies nativas, exóticas y/o en peligro de extinción, acarreando tanto problemas ecológicos como de salud humana.
- Aprovechamiento ilícito de recursos, como la extracción sin autorización de recursos forestales y minerales.
El paso que dará Puerto Madryn representa un hito en múltiples sentidos, ya que la localidad no solo se posicionó durante años previos como líder en el tránsito de cruceros y como punto caliente de biodiversidad a nivel nacional, sino que ahora también se reconoce como pionera, entre otras provincias, al incorporar un agente legal específico que se dedique exclusivamente a cuestiones ambientales y relativas al derecho animal. A partir de este caso, es clave seguir promoviendo -no solo desde el plano provincial y nacional sino también desde el rubro empresarial, incluyendo a organismos públicos y privados- la existencia de ciudades e industrias involucradas activamente en la conservación y protección de biodiversidad.
